Consumada la reforma constitucional al poder judicial con el espaldarazo dado el 5 de noviembre del 2024 por el ministro Alberto Pérez Dayán al partido en el poder—Morena—, no quedó de otra más que claudicar en la lucha institucional contra su implementación y aceptar que en los próximos años México experimentará una locura: elegir por votación popular casi a todos los juzgadores del país. Y digo casi porque curiosamente los tribunales administrativos—dependientes en los hechos de los poderes ejecutivos federal y locales— quedaron intocados con la reforma judicial.
Implementación en donde llama la atención un sector que poco apoyó—e inclusive hasta fue nulo en algunas entidades federativas— la resistencia en contra de la reforma al poder judicial y que resultó sumamente favorecido. Sí, estoy hablando de la academia en las facultades de Derecho. Gremio históricamente cerrado y no ajeno a otros vicios de la cultura mexicana como lo son: el influyentismo, nepotismo y, sobre todo, la simulación.
¿Por qué resultó favorecida la academia con el nuevo sistema electoral judicial? Porque son los académicos los virtuales candidatos con exposición natural para recibir el voto ‘duro’ electoral, como lo son los provenientes de los licenciados y estudiantes de Derecho. Esto, en razón de que en cierta medida aquéllos los formaron y, por ende, ‘conocen’—aunque muchas veces sea una mera fachada— las credenciales para ocupar los cargos jurisdiccionales.
Y es que el aula te brinda la oportunidad sí, de formar personas y difundir la cultura, pero también de construir una marca personal sin mucho esfuerzo en un sector de por sí cerrado al vulgo, como lo es el Derecho. Es por ello que los candidatos que provengan de las facultades de Derecho contarán con una ventaja popular entre quienes sí estarían más inclinados a soportar el tedio de emitir sus votos en una jornada de más de 3 minutos, como se pronostica con las próximas elecciones judiciales.
Conscientes o no de esa ventaja, lo cierto es que al revelarse las listas de aspirantes en los comités de evaluación de los poderes legislativo y ejecutivo, saltó a la vista el inusitado interés de ciertos ‘académicos’ chihuahuenses para ocupar los más altos cargos dentro del Poder Judicial de la Federación, como lo son magistrados de circuito, magistrados de apelación y juzgados de distritos mixtos del decimoséptimo circuito.
Para comprobar lo anterior, basta con darle un repaso a las listas en comento y ahí podrás encontrar algunas vacas sagradas, tanto de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, como de la Universidad Autónoma de Chihuahua, entre otras. Presencia que no obstante no encontrarás en las listas del comité de evaluación del poder judicial, sencillamente porque ahí sí habrá lugar a un examen de conocimientos, al cual parece ser le rehuyeron.
Interés que, reitero, es inusitado porque a pesar de que en años recientes, tanto el Poder Judicial de la Federación como el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua venían emitiendo convocatorias para concursos de oposición públicos abiertos para ocupar puestos jurisdiccionales, lo cierto es que no tuvieron una demanda significativa por parte de los académicos chihuahuenses. Ciertamente no fue así.
Ante este contraste, cabe preguntarse ¿por qué antes no y ahora sí hay interés de los académicos por engrosar las filas del Poder Judicial de la Federación? Para mí es muy sencillo. Porque en los concursos de oposición sí se tiene que demostrar que realmente sabes y no únicamente aparentar hacerlo, como sucederá con las elecciones judiciales donde imperará la popularidad y marca personal del candidato para obtener el puesto.
Es por eso que una vez removidas las evaluaciones técnicas para ocupar puestos jurisdiccionales en el Poder Judicial de la Federación, es que quienes se satisfacen con publicar un artículo de 15 cuartillas cada 6 meses, leer apaciblemente novelas y cuentas en sus cubículos, así como hacer proselitismo político en las aulas, encontraron un nuevo nicho para hacer del presupuesto público su mecenas: el Poder Judicial de la Federación.
Ello, aun y cuando muchos ni por error han leído tan siquiera sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni muchísimo menos hayan patrocinado un juicio en su vida, tal y como salta a la vista algunos candidatos provenientes de mi alma máter, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Pero eso no interesa, ya que como dije, para las próximas elecciones judiciales lo importante es aparentar que se sabe y ‘convencer al electorado’, no demostrarlo.
Desde luego, no pretendo demonizar a todos los académicos del Derecho, porque ciertamente sí hay buenos elementos que cumplen su trabajo ante la sociedad, como lo es investigar y enseñar. Sin embargo, no puedo dejar de denunciar la contrariedad y hasta cierto peligro de que los más altos cargos jurisdiccionales en México sean ocupados por fariseos del Derecho quienes han visto el presupuesto público como un medio de financiamiento para sus gustos personales y no como una inversión para el desarrollo social.
Y es que como lo he revelado en otras entradas, como por ejemplo: Los problemas en la administración de las empresas mexicanas, el contar hoy en día con una carrera y con ciertas credenciales como ‘autoridad’ se ha abaratado tanto, que se ha perdido el rigor en las aulas universitarias. De tal suerte que verdaderos analfabetas funcionales hoy pueden pavonearse de tener un doctorado, aunque jamás hayan leído un libro completo en su vida de lo que dicen ser especialistas. Pues bien, esta simulación profesional no es ajena a los académicos en las facultades de Derecho quienes, ya sea por haber contado con los medios para financiar su posgrado, obtuvieron una maestría o doctorado en un tiempo donde era más difícil obtener apoyos, etcétera; luego con ese posgrado se colaron como investigadores a los institutos de las facultades de Derecho, aunque, paradójicamente, no investiguen ni tengan la vocación para hacerlo.
Posición desde la cual adquirieron una aparente aura de sapiencia al estar frente a un grupo de jóvenes que, debido a su diferencia de edad, cuentan con menos sabiduría y, por tanto, se dejan impresionar ante los oropeles vertidos en las aulas por esos pseudoacadémicos del Derecho. De ahí que la popularidad en las academias, donde hay pocos o nulos esfuerzos intelectuales para probar que realmente se sabe, no garantiza que sus miembros estén realmente preparados para resolver las problemáticas sociales por medios jurisdiccionales.
Y tomando en cuenta que la labor jurisdiccional, muchas veces soterrada al público y extenuante ante la falta de presupuesto público y órganos jurisdiccionales para atender la demanda de justicia de la ciudadanía, requiere de perfiles no solamente duchos en la teoría en el Derecho, sino en otras áreas como lectura rápida, manejo de personal, redacción eficaz, por mencionar algunas; que permitan una mayor productividad a la hora de impartir justicia.
Productividad, una palabra aborrecida por amplios sectores de la izquierda por su supuesta connotación capitalista, cuando en realidad implica medir los resultados de una actividad. Máxime cuando se ven involucrados recursos públicos para ejercer una función pública. Y es, precisamente, una baja productividad y calidad lo que nos espera si estos pseudoacadémicos llegan a asumir los altos cargos en el Poder Judicial de la Federación. Al menos hasta que reculen y decidan tomarse su trabajo en serio o, como pasa en la administración pública, contraten a subalternos que sí sepan y hagan todo el trabajo por ellos, para que puedan simular que hacen, cuando ellos no hacen.
¡Menudo lío en que nos hemos metido!
Por Omar Gómez
Abogado postulante en materias fiscal, administrativo y constitucional
Socio en belegalabogados.mx
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